La transparencia es una herramienta invaluable en la procuración efectiva de la rendición de cuentas que permite reafirmar el control de los ciudadanos sobre el ejercicio del poder Público y generar confianza en las instituciones. La transparencia implica un enorme reto a nuestras instituciones, desde transformaciones legales y administrativas hasta de diseño institucional y hábitos burocráticos.
La legislación sobre transparencia y acceso en la información es muy reciente en México. La primera incursión en la materia fue en 1977 cuando se agregó al artículo sexto de la Constitución la frase: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Sin embargo, fue hasta el 11 de junio de 2002, con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) –aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso-, cuando se abrió un nuevo episodio en la rendición de cuentas de los poderes de la federación y de cualquiera de sus órganos, al ordenarse la garantía del acceso para toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión y de otros sujetos obligados de la administración pública.
En lo que respecta a nuestro estado La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, LTyAIPEBCS, se publica el 23 de febrero de 2005 y se reforma por primera vez el mes de noviembre de 2007.
La Ley de Transparencia tiene como objetivos principales:
1) proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;
2) transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados;
3) garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados;
4) favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;
5) mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos; y
6) contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la vigencia plena del Estado de derecho.
La transparencia es una herramienta invaluable en la procuración efectiva de la rendición de cuentas que permite reafirmar el control de los ciudadanos sobre el ejercicio del poder Público y generar confianza en las instituciones. La transparencia implica un enorme reto a nuestras instituciones, desde transformaciones legales y administrativas hasta de diseño institucional y hábitos burocráticos.
La legislación sobre transparencia y acceso en la información es muy reciente en México. La primera incursión en la materia fue en 1977 cuando se agregó al artículo sexto de la Constitución la frase: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Sin embargo, fue hasta el 11 de junio de 2002, con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) –aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso-, cuando se abrió un nuevo episodio en la rendición de cuentas de los poderes de la federación y de cualquiera de sus órganos, al ordenarse la garantía del acceso para toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión y de otros sujetos obligados de la administración pública.
En lo que respecta a nuestro estado La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, LTyAIPEBCS, se publica el 23 de febrero de 2005 y se reforma por primera vez el mes de noviembre de 2007.
La Ley de Transparencia tiene como objetivos principales:
1) proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;
2) transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados;
3) garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados;
4) favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;
5) mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos; y
6) contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la vigencia plena del Estado de derecho.
