H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BOLETÍN DE PRENSA
La Paz, Baja California Sur, a 26 de Mayo de 2015
La Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional por medio de la Diputada Margarita Salcido Cota solicitó al Ayuntamiento de La Paz suspenda o revoque la convocatoria de licitación de concesión del servicio público de alumbrado “expedida al margen de la legalidad y de la conveniencia de los ciudadanos del Municipio de La Paz”.
En pronunciamiento solicitó al propio Poder Legislativo de Baja California Sur, a Síndico Municipal, Regidores a que lleven a cabo una rigurosa investigación de este acto, que seguramente pretende asegurar el bienestar económico de unos cuantos y sus generaciones “y no asegurar la tranquilidad y bienestar de los ciudadanos del Municipio de La Paz”.
Salcido Cota señaló en la tribuna del Congreso del Estado que con inusitada sorpresa “nos enteramos que con fecha 20 de mayo de 2015, apareció publicada la convocatoria para la licitación pública para el otorgamiento de concesión para la prestación, explotación, administración y conservación del servicio público municipal de alumbrado público del Municipio de La Paz, Baja California Sur por un periodo de 15 años, prorrogables por plazos equivalentes sucesivos”, lo que a todas luces, ironizó, es totalmente absurdo e ilegal, y contario a los intereses de la mayoría de los ciudadanos paceños.
Dijo que la administración de LA Paz pretende concesionar lisa y llanamente uno de los servicios públicos estratégicos que debe prestar la instancia municipal, como lo es el alumbrado público, que sirve para apoyar la imagen urbana de la ciudad y contribuye de gran manera a la seguridad pública. Indicó que este gobierno municipal a escasos tres meses de entregar su responsabilidad pretende apresurada, sin justificación técnica ni legal, “pero sobre todo sin consultar a la sociedad, pretende comprometer alevosamente el futuro de los habitantes de La Paz”.
La representante popular subrayó que el Gobierno de LA Paz ha sido opaco en este caso y esta gobierno no ha transparentado el procedimiento como es su obligación legal, porque “hasta la fecha ninguno de nosotros conoce ni sabe si existen los estudios económicos suficientes y de planeación, factibilidad técnica y económica, de evaluación social, de impacto en políticas de seguridad pública, de estados financieros que sustenten una decisión de este tamaño”.
FUENTE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS (612)123-78-00 ext. 146 y 108, (612)122-34-17, E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
